Proceso constitucional: lo que está en juego

Se cumplen cuatro años desde el violento estallido del 18-O y el país se encuentra ad portas de decidir democráticamente sobre una segunda propuesta constitucional. Luego de que el borrador de la Convención Constitucional fuera rechazado por su carácter refundacional, los órganos del segundo proceso constitucional, es decir, el Comité de Expertos y el Consejo Constitucional, elaboraron un proyecto constitucional mucho más alineado con la tradición constitucional chilena.

Lo anterior puede generar la engañosa impresión de que no hay mucho en juego en la disyuntiva entre la Constitución vigente y la propuesta constitucional. Creer eso sería un error. El estallido social fue la mayor crisis institucional en nuestro país desde el regreso a la democracia y sus efectos todavía no terminan de aquilatarse. El camino constitucional ofreció una salida institucional y democrática a la crisis de octubre de 2018.

Más que normas específicas, lo que se juega es la capacidad de la democracia representativa para solucionar los conflictos políticos.

Lo que está en juego, entonces, no es tanto la especificidad de las normas propuestas, sino la capacidad de la democracia representativa de solucionar los conflictos políticos. En un contexto global de polarización y crisis de la democracia, el desafío autoimpuesto por la clase política chilena es alto, como también lo es el riesgo de defraudar las expectativas ciudadanas.

Contra lo anterior se suele argumentar que las demandas sociales levantadas en las protestas de octubre de 2019 no eran de naturaleza constitucional y que exigían una respuesta de políticas públicas. El argumento es correcto, pero omite una consideración importante: el diseño de buenas políticas públicas requiere de un acuerdo político fundamental que permita un debate de buena fe en torno a argumentos racionales. Nada de eso resulta posible sin una base institucional compartida, presupuesto que se vio seriamente comprometido tras el estallido de octubre.

Por lo tanto, más allá de las legítimas diferencias entre las distintas visiones ideológicas, es importante que los actores políticos comprendan que, en el plebiscito de diciembre, está en juego su capacidad de acordar las reglas básicas que permitan hacerse cargo de las demandas ciudadanas. Si fracasan, las peores consecuencias no recaerán sobre un sector político en particular, sino sobre el régimen democrático en su conjunto.